24marzo1976.com
Sobre el terrorismo de estado en Argentina
NOTICIAS





La responsabilidad de jueces y fiscales que actuaron durante la última dictadura militar en
Córdoba comenzó a ventilarse después de las condenas a Jorge Rafael Videla, Luciano
Benjamín Menéndez y otros represores por los crímenes cometidos en la Unidad
Penitenciaria 1. En la primera audiencia oral y pública, la Sala B de la Cámara Federal de
Apelaciones de esa provincia escuchó los fundamentos de los abogados defensores de los
ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga. Todos están
bajo la lupa de la Justicia por no haber investigado las torturas a las que fueron sometidos
treinta presos políticos detenidos en la UP1, asesinados entre abril y octubre de 1976.

En la audiencia de ayer, los abogados defensores solicitaron la prescripción de la causa
por considerar que los hechos por los que se acusa a sus clientes prescribieron y “no
configuran un tipo penal susceptible de ser calificado como delito de lesa humanidad”. El
fiscal general Carlos Gonella rechazó esos argumentos y citó el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, que regula los delitos de lesa humanidad, como instrumento
judicial que aborda la responsabilidad de los funcionarios estatales que “toleren” o
“colaboren de cualquier modo” en la ejecución de estos delitos. El pedido fue avalado por
los abogados querellantes Juan Ceballos, Miguel Martínez y Hugo Vaca Narvaja.

“Estamos hablando del mismo fenómeno que se dio en los crímenes cometidos en la Unidad
9 de La Plata o en Margarita Belén”, dijo Gonella, en diálogo con Página/12, y agregó que
se trata de fusilamientos de presos políticos que estaban “en blanco, bajo un sistema de
represión que se había institucionalizado” antes del golpe de Estado. La responsabilidad de
los magistrados tomó relevancia, el año pasado, en el juicio por la causa de la UP1. En ese
momento, algunos testigos declararon que habían denunciado oportunamente –en
indagatorias ante los jueces federales– una serie de apremios, amenazas de muerte y
violaciones ocurridos en la D2 de Córdoba. “Todos los procesos genocidas, incluso el
nuestro, jamás pudieron haberse cometido sin la complicidad de estos sectores”, afirmó el
fiscal. La participación de los ex magistrados se investiga en la causa Juan Miguel Ceballos,
tramitada ante el Juzgado Federal 2 de Córdoba. Ese expediente pasó a manos del fiscal
federal Gustavo Vidal Lascano, luego de que los fiscales federales Graciela López de
Filoñuk, Enrique Senestrari y la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano se apartaran
por “amistad íntima” con los acusados. Vidal Lascano promovió la acción penal contra Alí,
Cornejo y Puga, pero desestimó las denuncias contra el ex secretario penal Carlos Otero
Alvarez y los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro. Gonella criticó
esa medida y recordó que los testigos de la UP1 eran indagados en la cárcel por jueces,
secretarios y defensores oficiales, “mientras un militar les apuntaba con un FAL en la nuca”.
Por último, destacó la importancia de la causa porque “acá los jueces están sumamente
comprometidos”.

Fuente:
Página 12
JUICIO EN  CÓRDOBA  A  EX JUECES Y FISCALES:
Los cómplices del genocidio
Por Adrían Pérez



El 2010 fue el año de mayor importancia
para los juicios por delitos de Lesa
Humanidad cometidos por la dictadura cívico
militar de 1976. Se dictaron 107 condenas a
represores, la mayor parte a Prisión
Perpetua o a 25 años, en juicios celebrados
en la Ciudad de Buenos Aires y en las
provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán,
Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco,
La Rioja, La Pampa, Mendoza y Salta.
Teniendo en cuenta que en 2009 fueron 44
los represores condenados, el aumento es
más que significativo.
107 CONDENAS



-
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Resistencia, Chaco, dará inicio este
miércoles a las audiencias de alegatos en el
juicio oral por la causa conocida como
“Margarita Belén”, en la que se investiga a
nueve imputados por delitos de lesa
humanidad cometidos durante el último
gobierno militar.

Así, la jueza Gladys Mirtha Yunes, y los
magistrados subrogantes Eduardo Ariel
Belforte (del TOF de Formosa) y Ramón
Luis González (de la Cámara Federal de
Corrientes) comenzarán a escuchar ese día
las exposiciones de las querellas, de la
fiscalía y de las defensas.

En el debate se juzga a Gustavo Athos,
Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge
Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo
Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto
Jorge Simoni, Luis Alberto Patetta y Alfredo
Luis Chas.

A todos los acusados se les imputan los
delitos de: homicidio agravado por alevosía
y por el número de partícipes (Artículo 80
incisos 2 y 6 del Código Penal), en perjuicio
de 11 víctimas; en concurso real entre sí y
con el delito de privación ilegítima de la
libertad agravada por el tiempo –
desaparición forzada de personas- de otras
cuatro.

Fuente:
Chaco Día por Día
MASACRE DE MARGARITA BELÉN:
Alegatos finales




Con una inmensa alegría las Abuelas de Plaza de Mayo comunicamos que hemos
encontrado a la hija de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Klotzman, desaparecidos
el 2 de agosto de 1976 en la ciudad de Rosario.

La joven, como ha ocurrido en otros casos, se negaba a realizarse los exámenes
genéticos hasta que, conforme a la ley vigente, la Justicia ordenó la extracción y ayer
informó el resultado a las partes.

Los padres

Ricardo Horacio Klotzman nació el 24 de mayo de 1951 en Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe. Era el mayor de dos hermanos. Una vez que terminó la escuela secundaria, se
mudó a Rosario para estudiar Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de esa
ciudad, carrera que, finalmente, abandonó en 1972. Trabajó de profesor particular en
una academia dando clases de apoyo a estudiantes secundarios. Fue empleado en una
bodega y en una empresa metalúrgica. Sus amigos le decían “Patón”. Militaba en el PRT-
ERP. Sus compañeros lo llamaban “César”, “Hugo” y  “Juan de Dios Pérez”.

El 21 de junio de 1973 se casó con Liliana Bojanich y el 10 de noviembre de 1974
tuvieron una hija. Años más tarde, la pareja se separó. Liliana fue secuestrada el 8 de
junio de 1976 en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires y permanece desaparecida.

Cecilia Beatriz Barral nació en la ciudad de Buenos Aires el 21 de junio de 1951. Era la
mayor de dos hermanos. Su familia la llamaba “La Negra”. Se mudaron a Mar del Plata
cuando ella empezaba el colegio secundario. Estudió en el Colegio Normal de esa ciudad
y se recibió con el título de maestra. Luego, estudió la carrera de Maestra Especial en la
Universidad Católica. Se inscribió en la Universidad Nacional de Mar del Plata para seguir
sus estudios, algunos de sus familiares dicen que estudió Sociología y otros Antropología.
Trabajó dando clases en el Colegio Pierre Marie y como encuestadora. Militaba en el
PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Mecha” o “Mercedes”.  El 25 de septiembre de
1972 fue detenida mientras colgaba una bandera del PRT en el Colegio Nacional.
Permaneció presa durante un tiempo en la Comisaría 2º de Mar del Plata hasta que el 9
de octubre de ese mismo año fue trasladada al penal de Villa Devoto. Recuperó su
libertad el 25 de mayo de 1973 en el marco de la amnistía a los presos políticos
decretada por el gobierno de Cámpora. A partir de entonces, el partido le asignó tareas
políticas en la ciudad de Rosario.

Ricardo y Cecilia se conocieron en el ámbito de la militancia. Fueron secuestrados el 2 de
agosto de 1976 en el domicilio donde vivían en la calle Necochea 2050 de Rosario. En el
operativo fue asesinado otro compañero que se encontraban en la casa junto con ellos.
De acuerdo a las pruebas documentales disponibles en el Archivo Intermedio de Santa
Fe, se sabe que se trató de un operativo conjunto entre el Ejército y la policía de la
provincia. Por parte del Ejército intervinieron agentes del Destacamento de Inteligencia
121 de Rosario, responsable del Centro Clandestino de Detención “Quinta Operacional
de Fisherton”, adonde precisamente fueron llevados Ricardo y Cecilia.

Cecilia estaba embarazada de nueve meses al momento del secuestro y debía dar a luz
en esos días. Fue vista por última vez el 11 de agosto de 1976, dentro del centro
clandestino, y luego fue trasladada para parir. Su hija sería entregada en adopción días
más tarde por el juez Luis Vera Candiotti, recientemente procesado por la supresión de
identidad de otra de nuestras nietas.

El caso

El caso de esta nieta lleva ya varios años de tramitación en la justicia federal. Abuelas se
constituyó como querellante para que el ADN de la joven pueda ser analizado por el
personal del Banco Nacional de Datos Genéticos –y no por el Cuerpo Médico Forense, tal
como había solicitado la defensa– y también que pueda ser cruzado con todos los grupos
familiares que se encuentran en el Banco. El 20 de marzo último se empezó a hacer la
comparación que ayer dio el feliz resultado de que es una de nuestras nietas.

Ahora la joven puede reencontrarse con su familia biológica y con su hermana, que la
buscaron desde siempre junto con Abuelas, y así, con su verdad y su historia, desandar
el camino hacia su real identidad.

Abuelas de Plaza de Mayo
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
ENCUENTRAN A NIETA No. 103